Ciudadanía: ¿Cuánto cuesta?

La propuesta de la senadora Lindsey Graham para modificar la enmienda 14 (sí, la que le concedió la ciudadanía a los esclavos después de la Guerra Civil) es quizás la señal más clara de la profunda furia que existe sobre el tema de inmigración.

El cambio a la enmienda no va a pasar—y no espere oír mucho sobre el tema después de la elección de noviembre—pero el simple hecho de que sea objeto de debate, incluso como una táctica puramente política, dice mucho sobre el sentimiento actual hacia los inmigrantes entre amplias franjas de la población estadounidense. (Votaciones recientes, muestran que la propuesta cuenta con el apoyo de casi la mitad de todos los estadounidenses.)

Detrás de la propuesta y el sentimiento anti-inmigratorio, la opinión generalizada es que la legalización de los inmigrantes devalúa la ciudadanía de los Estados Unidos. Si uno puede cruzar la frontera y convertirse en ciudadano (después de pagar una multa, esperar por años, ser sometidos a una verificación de antecedentes penales, aprender inglés, y tomar empleos que nadie más quiere), ¿cuál es el valor de ser norteamericano?

Pero aunque las voces anti-inmigrantes protestan diciendo que la amnistía deprecia la ciudadanía, las mismas no han definido lo que significa la ciudadanía o su valor. En este sentido, la inmigración ilegal puede ser instructiva, porque los inmigrantes—mucho más que la mayoría de los norteamericanos—conocen íntimamente el valor de vivir legalmente en los Estados Unidos.

Históricamente, la mayoría de los estadounidenses eligen no usar su ciudadanía de EE.UU.—que abre puertas alrededor del mundo— al viajar internacionalmente. Sin embargo, los inmigrantes ilegales harían cualquier cosa por llegar a los Estados Unidos—algo que no se verían obligados a hacer si hubiera un sistema más racional para cubrir con mano de obra inmigrante los puestos vacantes en EE.UU.

De 1998 a 2009, 4,375 inmigrantes—hombres, mujeres y niños—murieron tratando de cruzar la frontera. En 2009, el número de muertes aumentó, aunque la inmigración en su totalidad disminuyó gracias al aumento en la seguridad fronteriza. El número de muertes en la frontera de México-Estados Unidos durante esta década superó—diez veces—la del muro de Berlín durante su historia de 28 años. El escape de la pobreza ha demostrado ser más mortal que el escape del comunismo.

Votar es otro derecho de la ciudadanía, pero históricamente los ciudadanos de los EE.UU., no han tenido mucho interés en hacerlo. En 2008, en lo que fue la campaña presidencial de una generación, 64 por ciento de los votantes elegibles emitieron su voto, el más alto índice de participación en las últimas décadas. Si una elección presidencial épica atrae sólo seis de cada 10 votantes, ¿qué les dice esto sobre el valor del voto a la mayoría de los estadounidenses?

Los inmigrantes ilegales no pueden participar en el proceso político de EE.UU., pero en la zona primaria de la vida pública norteamericana, o sea en los empleos, que es donde se les permite participar, ningún otro grupo tiene mayores tasas de empleo masculino. Casi todos los inmigrantes ilegales en edad de trabajar (94 por ciento) forman parte de la fuerza laboral, un por ciento más alto que el de los inmigrantes legales (85 por ciento) y que los hombres nacidos en Estados Unidos (83 por ciento). Esta participación se encuentra en un rango de puestos de trabajo mucho menor de los que están abiertos a los nacidos en Estados Unidos y que la mayoría de los trabajadores nacidos en EE.UU no encuentran atractivos.

Otra obligación tradicional de la ciudadanía es servir en las fuerzas armadas. A pesar de que existe una clase de guerreros profesionales combatiendo en dos guerras, menos de 1 por ciento de los estadounidenses sirven en el servicio activo. Por el contrario, los inmigrantes siempre han sido una parte importante de la fuerza de combate de los Estados Unidos. Hasta el 1840, aquellos nacidos en el extranjero formaron la mitad de todos los reclutas. Durante la Guerra Civil, el 20 por ciento de los soldados del Ejército de la Unión nacieron en el extranjero—incluyendo a muchos irlandeses y alemanes, que serían considerados inmigrantes ilegales en términos actuales.

Los militares contemporáneos no permiten que los inmigrantes ilegales se unan al ejército, sin embargo en 2008, hubo más de 65,000 extranjeros (inmigrantes legales) sirviendo—y muriendo—en el ejército, cerca de 5 por ciento de todos los miembros del servicio. Desde septiembre de 2001, 111 inmigrantes han obtenido la ciudadanía con carácter retroactivo después de haber muerto en acción.

Y mientras los activistas que se manifiestan contra la inmigración fantasean que los migrantes planifican el momento en que cruzan la frontera para tener hijos en Estados Unidos—y, que después, consumen el dinero de asistencia social hasta la saciedad—investigaciones demuestran que los inmigrantes han pagado $7 mil millones en impuestos al sistema de Seguro Social, dinero que nunca van a volver a ver y que permanece con el tío Sam.

Pero quizás la mayor ventaja de ser legal no es económica ni política, sino la facilidad para disfrutar de la familia y los amigos. Es por esa razón que la idea detrás de la propuesta de enmienda es profundamente errónea y triste. Aunque algunas parejas de inmigrantes tienen hijos en territorio norteamericano, muchos otros se vieron obligados a elegir entre apoyar a sus familias económicamente desde los EE.UU., o estar con ellos físicamente en su país de origen.

Si usted habla con inmigrantes, muchos de ellos le compartirán historias acerca de cómo se ven obligados a vivir separados de su pareja, padre o hijo durante años. Como consecuencia de esta realidad, han faltado a menudo a eventos familiares: El nacimiento de una nieta, la boda de un primo, la muerte de una abuela. Se escuchan historias de familias que se rompen—a veces de forma permanente—debido a su estatus migratorio. Los inmigrantes ilegales son a veces obligados a elegir entre una familia unida en la pobreza o una familia dispersa con un poco más de dinero en el bolsillo.

En este sentido, la ciudadanía—o al menos el estatus legal—tiene un valor real para estas familias, algo que los activistas que apoyan el movimiento anti-inmigratorio no pueden entender.